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1. INTRODUCCIÓN.-
La Segunda República española constituye
un periodo histórico com prendido entre el 14 de abril de 1931, cuando
tuvo lugar la proclamación republicana, y el 18 de julio de 1936,
momento en el que se desató el alzamiento militar que acarreó los tres
años de la Guerra Civil y la definitiva liquidación del régimen
republicano el 1 de abril de 1939.
2. EL ADVENIMIENTO DE LA
REPÚBLICA.-
Desde la dimisión del dictador
Miguel Primo de Rivera, acaecida en enero de 1930, hasta la instauración
de la II República, transcurrieron catorce meses en los que se mostró la
inviabilidad de una nueva fórmula dictatorial y la necesidad de retornar
gradualmente a la senda constitucional truncada con el pronunciamiento
militar de 1923. Bajo esta perspectiva restauradora y defensiva se
gestaron, en los epílogos de la monarquía de Alfonso XIII, propuestas
respaldadas desde la presidencia del gobierno por el general Dámaso
Berenguer y por su sucesor, el almirante Juan Bautista Aznar,
consistentes en la elaboración de un calendario electoral que, a la
postre, sería el responsable del vuelco en la forma de gobierno de
España. El llamado Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) y la
creciente oposición de muchos españoles dispuestos a caminar por
derroteros democráticos contribuyeron a acelerar el ritmo inicialmente
previsto. La convocatoria a las urnas fijada para el 12 de abril de 1931
rebasó, en opinión de los analistas, una simple cita al relevo municipal
para convertirse en un auténtico plebiscito a favor o en contra de la
monarquía. El aplastante triunfo obtenido en estas elecciones por los
republicanos en las capitales de provincia y centros neurálgicos de
decisión supuso, pese al mayor número de concejales monárquicos elegidos
a nivel nacional, el fin del reinado de la Casa de Borbón, con la
consiguiente salida de Alfonso XIII del país y el advenimiento pacífico
de la República española, es decir, de la que en realidad era la segunda
experiencia republicana en España, toda vez que, en 1873 y principios de
1874, había tenido lugar el desarrollo de la que pasó a conocerse como I
República.
3. EL BIENIO REFORMADOR O
REPUBLICANO-SOCIALISTA (1931-1933)
Las elecciones generales a Cortes
Constituyentes convocadas por el gobierno provisional para el 28 de
junio de 1931 dieron el triunfo a los socialistas (Partido Socialista
Obrero Español, PSOE) y a pequeños partidos republicanos (radicalsocialistas, Acción Republicana), encargados de formar un nuevo
gabinete presidido por Niceto Alcalá Zamora. La redacción de un texto
constitucional adaptado a las nuevas reglas del juego ocupó durante
estos meses de rodaje los principales  desvelos de los líderes políticos,
logrando aprobar antes de fin de año, y tras vencer numerosos tropiezos,
el articulado definitivo. La Constitución del 9 de diciembre de 1931,
que definía España como una "República de trabajadores de toda clase" en
expresiva alusión a las contrapuestas percepciones de la realidad
nacional, fue fruto de un laborioso consenso y uno de los escasos
ejemplos del constitucionalismo español que implicaba una encendida
defensa de la democracia representativa y de las libertades (soberanía
popular, sufragio universal masculino y femenino, aconfesionalidad del
Estado, derechos individuales y sociales).
La convicción gubernamental del reto
que entrañaba elevar la renqueante España de la década de 1930 a la
altura de las potencias occidentales de su entorno inspiró una política
reformista identificadora del talante dominante en este bienio. Entre
las medidas reseñables cabe indicar la reforma militar acometida por
Manuel Azaña, a la sazón presidente del gobierno y responsable del
Ministerio de Guerra, tendente a racionalizar el anticuado e
hipertrofiado Ejército español. La oportunidad en el fondo y en la forma
de estas disposiciones, reconocida por la mayoría de los historiadores,
contrastó con la falta de tacto de los nuevos responsables públicos al
abordar la reforma religiosa. El ajuste de competencias en cuanto a las
relaciones entre la Iglesia y el Estado acabó por ser una grave
equivocación política, como admitirá más tarde el propio Azaña, y sirvió
de piedra angular de una orquestada campaña en contra del régimen
tachado de anticlerical y revanchista.
Junto a avanzados decretos de
carácter socioeconómico provenientes del Ministerio de Trabajo regido
por Francisco Largo Caballero, la reforma agraria orientada a un cambio
profundo en la estructura de la propiedad de la tierra obtuvo escasos
resultados debido a su burocratización, a los limitados instrumentos
para su puesta en práctica y a la oposición a ultranza de los
terratenientes. Mayor imaginación mostró la estructuración territorial
del Estado, diseñada bajo una fórmula autonómica (Estado integral) con
posibilidad de autogobierno para las regiones solicitantes. Cataluña,
con su Estatuto de Autonomía votado por las Cortes en septiembre de
1932, aprovechando el impacto psicológico del conato golpista conocido
como la Sanjurjada (protagonizada por el general José Sanjurjo), fue la
primera comunidad en disfrutar de hecho de esta nueva vía
descentralizadora, muy por delante del País Vasco, que hubo de aguardar
al estallido de la Guerra Civil, en tanto que Galicia no llegó a ver
refrendada por las Cortes la aprobación plebiscitaria de su Estatuto
llevada a cabo el 28 de junio de 1936. La educación, en especial el
nivel de la enseñanza primaria, así como aspectos relativos a la
Hacienda y la fiscalidad fueron otros ámbitos remozados, con desiguales
bríos, en este apretado bienio.
Tras la disolución de las Cortes
(Parlamento) efectuada por el presidente de la República, Alcalá Zamora,
las elecciones generales celebradas en noviembre de 1933 pusieron de
relieve la coordinada reacción que habían creado frente a este paquete
de medidas los grupos más conservadores de la sociedad española y el
acierto de la derecha al agruparse bajo las siglas comunes de la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), clave de su
espectacular victoria en esa consulta.
4. EL BIENIO RESTAURADOR O RADICAL-CEDISTA (1933-1935)
La principal preocupación del bienio
liderado por cedistas y radicales (estos últimos, miembros del Partido
Radical) estribó en el desmantelamiento de la obra reformista
precedente, considerada en términos sociales y religiosos nefasta para
los intereses de España. Esta marcha atrás se detecta, con nitidez, en
leyes como la denominada ‘contrarreforma agraria’ del ministro de
Agricultura Nicasio Velayos (1 de agosto de 1935), que convirtió en
papel mojado lo legislado en la etapa anterior. Los acontecimientos
desarrollados en Asturias y Cataluña durante el otoño de 1934
(Revolución de Octubre) agudizaron la crispación de amplios sectores
sociales cada vez más radicalizados, a cuyo apaciguamiento poco
contribuyeron las posiciones del ala caballerista del socialismo
(seguidores de Largo Caballero) y de los extremistas de la ultraderecha.
Una nueva disolución de las Cortes decretada en diciembre de 1935
posibilitó en las elecciones de febrero de 1936 el triunfo de las
izquierdas coaligadas para esta ocasión en el unificado Frente Popular,
amén de la sustitución de Alcalá Zamora en la presidencia de la
República por Azaña mediada la primavera.
5. EL FRENTE POPULAR Y EL CAMINO HACIA
LA GUERRA (FEBRERO-JULIO DE 1936)
Al revisionismo anterior, los
dirigentes frentepopulistas contrapusieron la agilización de la reforma
agraria mediante la legalización de las ocupaciones de fincas y un
intento de arbitraje entre las reivindicaciones extremas populares y la
oposición derechista. En una dinámica de ascendente crispación, el asesinato del
dirigente de extrema derecha José Calvo Sotelo, ocurrido el 13 de julio,
motivó una alteración en los planes estratégicos del general Emilio Mola
Vidal y de los demás conspiradores antirrepublicanos, así como el
adelanto del golpe militar al 18 de julio. Éste será el inicio de la
Guerra Civil, que culminó con la victoria franquista en abril de 1939,
punto final de la azarosa experiencia republicana y puerta de acceso a
cuatro décadas de autoritarismo y poder personal en España.
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