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1. INTRODUCCIÓN.-
La Guerra Civil Española dio comienzo en
julio de 1936, a raíz de la sublevación de un sector del Ejército contra
el gobierno de la II República española, y que concluyó el 1 de
abril de 1939 con la victoria de los rebeldes. El triunfo de éstos
permitió la instauración de un régimen dictatorial fascista encabezado por el
general Francisco Franco, principal dirigente militar y político de los
sublevados, que sustituyó al sistema parlamentario
republicano.
2. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS
Aunque para definir el conflicto se prefiere, sobre todo
desde la década de 1960, la denominación "guerra civil", ésta no fue la
única utilizada por la reciente historiografía española o por los
propios combatientes. También recibió otros nombres: movimiento cívico
militar, Cruzada, guerra de tres años, guerra nacional y revolucionaria
del pueblo español, entre otros. Son nombres todos ellos que ocultan el
"enfrentamiento de dos entusiasmos" al que se refirió el historiador
británico Raymond Carr. Esos nombres esconden dos concepciones en cierto
modo ya presentes en los resultados de las elecciones celebradas en
febrero de 1936 —que supusieron el triunfo, por un corto número de
votos, de la coalición de izquierdas agrupada en el Frente Popular— y
que se venían gestando desde la proclamación de la II República en
abril de 1931.
Ningún acontecimiento como éste
repercutió tanto en la opinión internacional hasta entonces,
convirtiéndose en uno de los episodios históricos que ha dado lugar a un
mayor número de publicaciones. La "guerra de tinta", en expresión del
historiador y diplomático español Salvador de Madariaga, fue desde el
principio una guerra de propaganda con dos tipos de valoraciones
propiciadas desde los dos bandos participantes en la contienda. La muy
distinta versión informativa que expresaba un mismo periódico editado en
ambas zonas —la cabecera del diario ABC, que aparecía al tiempo en el
Madrid republicano y en la Sevilla dominada por los sublevados— puede
servir como ejemplo de la ruptura o enfrentamiento nacional existente.
Otro tanto cabe decir de las revistas culturales —antifascistas y
azules, respectivamente— publicadas durante el trienio, sin olvidar las
manifestaciones del teatro, del cine y del cartelismo, así como los
símbolos, consignas y mensajes difundidos durante el conflicto y después
de su conclusión.
3. DE LOS TRES DÍAS DE JULIO A LA GUERRA
LARGA.-
Desde el primer momento, el
territorio nacional quedó dividido en dos zonas en función del éxito que
obtuvieron los militares sublevados. Prácticamente se reproducía el mapa
resultante de las elecciones de febrero de 1936; salvo casos aislados,
los militares triunfaron en aquellas provincias donde fueron más votadas
las candidaturas fascistas, mientras que fracasaron en aquellas donde
la victoria electoral correspondió al Frente Popular. El "Alzamiento"
(nombre dado por los rebeldes a su levantamiento contra el gobierno
constitucional republicano) comenzó el 17 de julio en la ciudad
norteafricana de Melilla. Las unidades militares destacadas en Marruecos
que no controlaba el gobierno republicano se hicieron pocas horas
después con Tetuán y Ceuta. El general Francisco Franco partió el día 18
desde las islas Canarias hacia Tetuán, en una avioneta privada (Dragon
Rapide). Ese mismo día se sublevaron los mandos militares de otras
divisiones peninsulares; sin embargo, el golpe de estado fracasó en las
principales ciudades del país. Por otro lado, el 20 de julio de ese
mismo año, recién comenzada la sublevación, falleció en un accidente de
aviación el que había sido designado por los conspiradores jefe de la
rebelión, el general José Sanjurjo.
Desde el día 18, ni el gobierno ni
los rebeldes controlaban la totalidad del país. En un principio, la
sublevación dejó en manos de los rebeldes Galicia, Navarra, Álava, el
oeste de Aragón, las islas Baleares (excepto Menorca) y las Canarias,
así como la zona del protectorado español sobre Marruecos, buena parte
del territorio de lo que hoy es la comunidad autónoma de Castilla y
León, casi toda la provincia de Cáceres y algunas poblaciones de
Andalucía. El gobierno republicano conservaba casi toda Andalucía, el
País Vasco (salvo Álava), Asturias (excepto la ciudad de Oviedo) y
Cataluña, así como la isla balear de Menorca y los territorios de las
actuales comunidades autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha, Región
de Murcia y la Comunidad Valenciana. Conforme avanzó la contienda, el
poder republicano perdió zonas que, desde finales de marzo de 1939,
pasaron íntegras a disposición del Ejército franquista.
De cualquier forma, el comienzo de
la guerra estuvo vinculado al plan establecido previamente por los
conspiradores en la primavera de 1936 y en el que participaron mandos
militares —la antirrepublicana Unión Militar Española (UME) y la Junta
de generales (de la que Emilio Mola era el  coordinador)— monárquicos, tradicionalistas (carlistas) y otros
sectores de extrema derecha. El asesinato de José Calvo Sotelo, líder
del derechista Bloque Nacional y participante activo en la conspiración
contra el gobierno, que tuvo lugar la noche del 12 al 13 de julio, fue
el episodio previo al pronunciamiento militar.
Pronto pudo comprobarse que el plan
conspirador había fracasado y que el pretendido pronunciamiento
decimonónico se convertiría en una guerra larga y cruel de tres años.
Durante este trienio las operaciones militares permitieron establecer un
desarrollo cronológico, a partir del paso del estrecho de Gibraltar por
las tropas del Ejército de África mandadas por el general Franco
(julio-agosto de 1936), con tres fases principales. La primera muestra
la importancia que ambos bandos otorgaron a la ocupación de Madrid,
ciudad que, en consecuencia, pronto fue motivo de asedio por las tropas
insurrectas (dando lugar a la conocida como batalla de Madrid). La
estrategia de los sublevados, que pretendía acceder a la capital desde
el norte y desde el sur, fracasó. Una acción importante en esta primera
fase, que en seguida quedaría en el elenco de "mitos" de la contienda,
fue la liberación de los rebeldes asediados en el Alcázar de Toledo (28
de septiembre de 1936), defendido desde el 22 de julio por el coronel
José Moscardó ante el acoso de las tropas republicanas. Contando con las
fuerzas de África, así como con la ayuda alemana e italiana, Franco
había avanzado previamente sobre Andalucía y conseguido ocupar en agosto
las plazas extremeñas de Mérida y Badajoz, enlazando de esta manera con
los sublevados del norte a lo largo de la frontera portuguesa. Mola, a
su vez, había logrado cortar la frontera francesa al ocupar la ciudad
guipuzcoana de Irún a principios de septiembre.
La segunda fase no abandonó la
marcha sobre Madrid. Pero la batalla de Guadalajara (finales de marzo de
1937) se saldó con el éxito republicano, que tuvo presente el plan de
ofensiva previsto por el general José Miaja contra las tropas enviadas
por Italia. Los alzados decidieron entonces centrar sus principales
operaciones en el norte. Con el apoyo decisivo de la aviación integrada
en la Legión Cóndor alemana, que realizó una salvaje agresión a la
localidad vizcaína de Guernica (26 de abril de 1937), las tropas
rebeldes rompieron las defensas de Bilbao (el llamado "cinturón de
hierro") el 19 de junio de 1937, pocos días más tarde del fallecimiento
del general Mola en accidente de aviación. En agosto (un mes después de
obtener la victoria en la batalla de Brunete), esas mismas tropas
entraron en Santander y, en octubre, tomaron las ciudades asturianas de
Gijón y Avilés, con lo que los rebeldes completaban la última etapa de
la ocupación de la zona norte.
A partir de finales de 1937 comenzó
la tercera fase. Los republicanos, siguiendo los planes del general
Vicente Rojo, conquistaron en enero de 1938 Teruel, ciudad que no
obstante perdieron al mes siguiente. En julio de ese año comenzó la dura
y decisiva batalla del Ebro, en la que la derrota del Ejército
republicano (noviembre de 1938) dejó despejada la ruta para el avance de
los sublevados hacia Cataluña. En los últimos días de enero de 1939, las
tropas franquistas se instalaron en Barcelona, para avanzar en fechas
sucesivas hacia la frontera francesa y ocupar los pasos desde Puigcerdá
hasta Portbou (Girona). La ofensiva final (febrero-marzo de 1939) tuvo
por objeto quebrantar las posiciones republicanas todavía pendientes,
situadas en la zona centro y en el sur peninsular. A principios de marzo
de ese año fracasó el criterio de mantener la resistencia defendido por
el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, debido a la
creación en Madrid del Consejo Nacional de Defensa. Este organismo, que
encabezó el jefe del Ejército del Centro, el coronel Segismundo Casado,
destituyó a Negrín y procuró alcanzar una paz honrosa con el gobierno
franquista de Burgos después de hacerse con el control de Madrid
mediante un cruento enfrentamiento entre las propias tropas
republicanas. Sin embargo, no prosperaron sus gestiones encaminadas a
lograr una paz acordada. Las tropas franquistas entraron en Madrid el 28
de marzo. Tres días más tarde, el gobierno republicano perdió las
últimas plazas todavía fieles. El 1 de abril la guerra había terminado,
no así las represalias.
4. DESARROLLO POLÍTICO DE LA
CONTIENDA.-
Si toda guerra reclama prestar
atención a los "hechos de armas", necesariamente conviene asimismo
atender al entramado político que determinó las actuaciones de cada
bando. Mucho más si, situados en el final del conflicto, tenemos en
cuenta la agonía de la experiencia republicana y el proceso que se
inició de forma inmediata tras el estallido de la guerra y que permitió
la implantación de un nuevo Estado dirigido por el general
Franco.
Por parte del gobierno republicano,
la jefatura pasó sucesivamente de manos del azañista y dirigente de
Izquierda Republicana, José Giral (19 de julio de 1936), a Francisco
Largo Caballero (5 de septiembre de 1936) y de éste a Juan Negrín (desde
el 18 de mayo de 1937 hasta el final de la guerra) —los dos últimos
pertenecientes al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)—, en lo que
bien puede definirse como una pugna entre dos prioridades: desarrollar
un proceso revolucionario o apostar por ganar la guerra
primero.
Manuel Azaña, presidente de la
República, sustituyó el 19 de julio de 1936 al dimitido presidente del
gobierno Santiago Casares Quiroga por Diego Martínez Barrio, quien no
llegó a jurar el cargo. No obstante, Azaña nombró ese mismo día a José
Giral jefe del gabinete. Tan pronto como este último asumió las
responsabilidades de gobierno, la autoridad del poder central se
descompuso y se crearon numerosos poderes locales de carácter popular y
espontáneo que generaron divisiones intensas y supusieron la pérdida de
la unidad política e incluso militar en el ámbito
republicano.
El debilitamiento de autoridad, al
que aludiría el propio Azaña en su obra teatral La velada de
Benicarló (1937), y los avances de las fuerzas rebeldes, explican el
cambio de Giral por Francisco Largo Caballero (septiembre de 1936), que
ejercía su prestigio y autoridad sobre los obreros principalmente desde
la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT), el sindicato
afín al PSOE. Largo Caballero hizo cuanto pudo por controlar la
situación revolucionaria y formó un gobierno de concentración con
presencia de socialistas, comunistas, una minoría de republicanos y
nacionalistas vascos y catalanes. Dos meses después incorporó a
militantes de la central obrera anarcosindicalista Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), cuya fuerza era destacada en Aragón,
Cataluña y Valencia. Con todo, el enfrentamiento entre las dos
tendencias ya aludidas (revolución o guerra) —y ello pese a que durante
el gobierno de Largo Caballero mejoró la coordinación en el Ejército
republicano— dio al traste con esta experiencia porque fue incapaz de
hacer amainar las disputas entre las principales corrientes políticas de
la coalición gubernamental.
En mayo de 1937, Azaña puso las
riendas del gobierno en manos de Negrín, que pronto sería acusado de
estar dominado por los comunistas. Negrín prescindió de inmediato de los
anarcosindicalistas y orientó su gestión hacia la victoria militar; la
revolución debía esperar. Pero los avatares bélicos desencadenaron una
nueva crisis gubernamental en abril de 1938. Desde entonces, Negrín pasó
a desempeñar también el cargo de ministro de la Defensa Nacional
(anterior Ministerio de la Guerra), que venía ejerciendo el socialista
Indalecio Prieto. Los "trece puntos de Negrín" (nombre por el cual fue
conocido el acuerdo propuesto por el presidente del gobierno republicano
a las fuerzas franquistas, como base de una posible negociación),
promulgados el 1 de mayo de ese año, en un afán por restablecer una
democracia consensuada sobre principios alejados del conflicto bélico,
no consiguieron recomponer la unidad del Ejército republicano ni
sostener el escaso apoyo internacional, debilitado a medida que se
retiraban los voluntarios extranjeros que habían formado parte de las
Brigadas Internacionales.
El éxito definitivo de la ofensiva
franquista sobre Cataluña, a principios de febrero de 1939, impidió que dieran
fruto las garantías que el gobierno republicano pedía de cara a la paz:
independencia de España y rechazo de cualquier injerencia exterior, que
el pueblo pudiera decidir libremente acerca del futuro del régimen, así
como garantía de evitar persecuciones y represalias después de la
guerra. Estas condiciones propuestas por Negrín en las Cortes reunidas
el 1 de febrero de 1939 en Figueras (Girona) no fueron aceptadas por el
gobierno de Burgos, que presumía concluir la guerra en breves días. En
efecto, la reunión de las Cortes republicanas en Figueras fue la última
que tuvo lugar en suelo español. Antes de esa fecha se celebraron
reuniones de las Cortes en distintas sedes, dependiendo de las propias
circunstancias militares de la contienda. Las primeras tuvieron lugar en
Valencia (diciembre de 1936 y febrero y octubre de 1937), en tanto que
las postreras se produjeron en distintas zonas del territorio catalán,
tales como Montserrat (febrero de 1938), San Cugat del Vallés
(septiembre de 1938) y Sabadell (octubre de 1938).
En lo que respecta a la zona sublevada
(denominada "nacional" tanto por las propias fuerzas rebeldes como por
la historiografía favorable a las mismas), se dictaron paulatinamente
medidas políticas al compás de las acciones bélicas, que fueron
aplicadas en los territorios ocupados desde el principio y en todos
aquellos que se incorporaban tras los éxitos militares rebeldes. La
primera y pronta medida adoptada por los insurrectos fue la creación en
Burgos de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de julio de 1936, que
presidió el general Miguel Cabanellas por ser el militar más antiguo e
integraron en calidad de vocales los generales Emilio Mola, Fidel
Dávila, Andrés Saliquet, Miguel Ponte y los coroneles Fernando Moreno y
Federico Montaner.
A finales de septiembre de ese año, la
Junta de Defensa Nacional designó a Franco generalísimo de las fuerzas
sublevadas (principal jefe militar de las mismas) y jefe del gobierno.
Así, el 1 de octubre de 1936 se hizo oficial el acceso de Franco a la
jefatura militar y política de quienes se autodenominaban "nacionales",
cargos a los que él mismo unió el de jefe del Estado. Esta medida tuvo
su complemento en el llamado Decreto de Unificación (19 de abril de
1937), por medio del cual se creó Falange Española Tradicionalista y de
las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), única
formación política legal del nuevo régimen —llamado "Movimiento
Nacional" por sus partidarios— que fundía los núcleos falangistas y
tradicionalistas (carlistas). Esa operación política agudizó las
tensiones latentes entre los falangistas desde que, en noviembre de
1936, fuera ajusticiado por los republicanos José Antonio Primo de
Rivera, fundador y jefe nacional de Falange Española. El nuevo jefe
nacional falangista, Manuel Hedilla, se opuso al decreto unificador, por
lo que fue arrestado junto con sus seguidores.
En enero de 1938 se formó el primer
gobierno "nacional" presidido por Franco, tras la disolución de la Junta
Técnica de Estado, que había sido creada en octubre de 1936 inicialmente
como una entidad de apoyo gubernamental a la primigenia Junta de Defensa
Nacional. El primer gobierno franquista estuvo compuesto tanto por
militares como por figuras civiles falangistas, tradicionalistas y
monárquicas. Entre sus miembros cabe destacar a los generales Francisco
Gómez Jordana (vicepresidente del gobierno y ministro de Asuntos
Exteriores), Severiano Martínez Anido (responsable del Ministerio de
Orden Público) y Fidel Dávila (ministro de la Defensa Nacional), al
ingeniero naval Juan Antonio Suances (encargado del Ministerio de
Industria y Comercio), así como al abogado y cuñado de Franco Ramón
Serrano Súñer (ministro de Interior y secretario del Consejo de
Ministros), al notario y falangista Raimundo Fernández Cuesta
(responsable del Ministerio de Agricultura) y al escritor y político
monárquico Pedro Sainz Rodríguez. Asimismo, el 9 de marzo de 1938 se
promulgó el Fuero del Trabajo, que acabada la guerra alcanzaría el rango
de ley fundamental y, por tanto, entraría a formar parte del peculiar
constitucionalismo propio del franquismo.
5. LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL
CONFLICTO.-
Si bien es cierto que la guerra
comenzó como un conflicto interno "nacido en suelo español y a la manera
española" (en palabras de Salvador de Madariaga), no pudo mantenerse
ajena al entorno internacional debido a sus propias raíces ideológicas.
Ambos bandos reclamaron inmediatamente apoyos de otras potencias
extranjeras, según el panorama existente en la alineación del mundo en
la década de 1930, hasta el extremo de que algunos vieron en el
conflicto un prólogo de un nuevo enfrentamiento mundial. Si no lo fue,
al menos consiguió implicar a la mayoría de partidos políticos y
potencias europeas. Hoy nadie pone en duda que la intervención
extranjera contribuyó tanto a prolongar la contienda como al futuro del
"Movimiento Nacional". La primera fase de urgencia (julio-agosto de
1936) llevó, por un lado, al gabinete presidido por Giral a solicitar el
auxilio del gobierno del Frente Popular francés (presidio por el
socialista Léon Blum) y, por el otro, a los rebeldes a concretar el
inicial apoyo prestado por Italia (gobernada por el fascista Benito
Mussolini) y Alemania (con el nacionalsocialista Adolf Hitler en el
poder).
 El Frente Popular español contó con el
apoyo primigenio de Francia y de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS). Sin embargo, el temor del gobierno francés a crear
una situación conflictiva en todo el continente frenó su ayuda y se
acogió a la política de no intervención que, propugnada por el gobierno
británico, asimismo acabaría aplicando la Sociedad de Naciones. Francia
cerró su frontera a la entrada de material bélico destinado a cualquiera
de los contendientes, con lo que en realidad perjudicó notablemente al
gobierno republicano. Por su parte la URSS, gobernada por Iósiv Stalin,
tras comprobar la participación activa y directa de italianos y
alemanes, rechazó la política de no intervención. Su apoyo resultó
fundamental en blindados, aviones y equipos de asesores militares. En
tanto que los rebeldes recibieron aviones, armamento y combatientes de
Italia y Alemania (valga como ejemplo la Legión Cóndor), así como la
ayuda de los voluntarios portugueses, enviados por el gobierno
encabezado por António de Oliveira Salazar, además de otras
colaboraciones.
Entre los auxilios recibidos por el
gobierno republicano merecen recordarse las Brigadas Internacionales: la
III Internacional (también conocida como Komintern) creó un comité
internacional para organizar a sus miembros, que contó con la
participación de los dirigentes comunistas Palmiro Togliatti y Josip
Broz (Tito). Participaron en ellas voluntarios de distintos países
movidos por sentimientos antifascistas, cuyo número es difícil de
precisar (tal vez, unos 40.000) a causa de los relevos producidos en sus
filas durante el transcurso de la guerra. El centro de reclutamiento
estuvo en París y entre sus gestores cobró especial relieve el dirigente
comunista francés André Marty. Los primeros brigadistas llegaron al
puerto español de Alicante en octubre de 1936 para continuar hasta
Albacete, en donde se formó la XI Brigada, que pronto participó en la
batalla de Madrid. Su intervención al lado de la causa republicana duró
hasta octubre de 1938.
En medio de todo este proceso destacó de
manera especial lo que se conoció como la política de no intervención
asumida por la Sociedad de Naciones, que, en principio, suponía la
prohibición de exportar cualquier material de guerra, sin más
compromisos por parte de los gobiernos. En septiembre de 1936 nació en
Londres el Comité de No Intervención, integrado por los embajadores
residentes en la capital británica con el objeto de reducir el conflicto
al ámbito nacional. Sin embargo, a la vista de las numerosas violaciones
del compromiso, las medidas adoptadas por el Comité de No Intervención
no resultaron efectivas y, desde luego, no impidieron que las potencias
extranjeras apostaran por uno u otro contendiente, si bien la mayor
beneficiada de la actitud de las democracias occidentales acabó siendo
la causa franquista, auxiliada de forma reiterada por las potencias del
Eje.
Por lo que se refiere al apoyo
soviético, la financiación de los suministros bélicos entregados al
gobierno republicano se relacionó con las reservas del Banco de España.
Dos terceras partes del oro guardado en el banco nacional salieron hacia
Moscú, en concepto de depósito primero, y como pago por aquellos
suministros posteriormente. El famoso "oro de Moscú" sería un asunto
controvertido y utilizado como propaganda por el gobierno franquista.
Mientras éste recibió a crédito suministros alemanes e italianos, que
fueron abonados en parte después de finalizar la guerra, el gobierno
republicano agotó las reservas para pagar la ayuda soviética.
6. CONSECUENCIAS BÉLICAS.-
La principal consecuencia de la
Guerra Civil española fue la gran cantidad de pérdidas humanas (tal vez
más de medio millón), no todas ellas atribuibles a las acciones
propiamente bélicas y sí muchas de ellas relacionadas con la violenta
represión ejercida o consentida por ambos bandos, entre las que se
pueden incluir también las muertes producidas por los bombardeos sobre
poblaciones civiles.
En un nivel inmediatamente inferior
se puede considerar como consecuencia destacada el elevado número de
exiliados producido por el conflicto. Algunas de las principales figuras
políticas constituyeron durante muchos años el gobierno republicano en
el exilio, de entre cuyos más destacados miembros cabe mencionar al
nacionalista gallego y escritor Alfonso Rodríguez Castelao, al
socialista Fernando de los Ríos, al comunista Joan Comorera, o a los
propios José Giral y Juan Negrín, quienes, al igual que los socialistas
Luis Jiménez de Asúa y Rodolfo Llopis, presidieron dicho gabinete, por
no olvidar a Diego Martínez Barrio, que entre 1945 y 1962 ejerció el
cargo de presidente de la República en el exilio.
En lo que respecta al aspecto
económico, las consecuencias principales fueron la pérdida de reservas,
la disminución de la población activa, la destrucción de
infraestructuras viarias y fabriles, así como de viviendas —todo lo cual
provocó una disminución de la producción—, y, en fin, el hundimiento
parcial del nivel de renta. La mayoría de la población española hubo de
padecer durante la contienda y, tras terminar ésta, a lo largo de las
décadas de 1940 y 1950, los efectos del racionamiento y la privación de
bienes de consumo.
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